Fiscalía pide que se impute al alcalde por un delito contra la ordenación del territorio

La Fiscalía ha pedido al juez decano de Lucena (Córdoba) que se tome declaración en calidad de imputado al alcalde de Benamejí, José Ropero, por la supuesta comisión de un delito de omisión del deber de perseguir un delito contra la ordenación del territorio.

Así, el fiscal pide que se impute a José Ropero por supuestamente haber omitido su deber en varios casos de nuestra localidad. Por un lado por haber permitido la construcción de dos edificaciones de cuatro plantas en la calle Remedios no siendo ello compatible con la legislación urbanística vigente y además no haber seguido ningún procedimiento sancionador. Por otro lado, la otra denuncia se refiere a otras dos actuaciones en suelo no urbanizable.

Según fuentes judiciales, existe un informe del secretario-interventor del Ayuntamiento de Benamejí que asegura que tanto una denuncia como otra son ciertas. Dichas denuncias fueron presentadas junto con otras más por la ex concejal del PA, Josefa Fuentes, en la Fiscalía.
Una vez estudiados todos los casos, el fiscal de Medio Ambiente, contra la Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, Juan Antonio Merlos, cree que existen datos suficientes para considerar la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, así como de la omisión del deber de perseguir delitos previsto en el artículo 408 del Código penal, que establece una pena de inhabilitación de cargo público de seis meses a dos años, por lo que ha decidido proponer al juzgado de Lucena que se le tome declaración en calidad de imputado a José Ropero por los casos anteriormente citados y además la Fiscalía tambien pide que se investigue quienes son los propietarios de las edificaciones para que también se les tome declaración en calidad de imputados.

En cuanto a la actuación del alcalde, el Ministerio Público defiende que Ropero no ha puesto en conocimiento de tales hechos a la Fiscalía, a pesar de estar obligado; ni tampoco se ha seguido procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad a pesar de advertírsele dicha circunstancia varias veces por parte de la denunciante.

José Ropero se encuentra a expensas de que le llegue algún tipo de notificación para poder manifestarse en cualquier sentido.
Por su parte Josefa Fuentes tampoco ha querido hacer ningún tipo de declaraciones al respecto ya que asegura que el caso se encuentra en manos del fiscal y ahora la palabra la tiene el juez.

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